20 septiembre 2022
El desarrollo creciente de las plataformas de crowdfunding en Europa se explica con una constatación muy sencilla: el crowdfunding es la respuesta 2.0, innovadora y transparente, a las dificultades de financiación en el sector bancario. En España e Italia, las reglamentaciones relativas al modelo de crowdfunding han tomado trayectorias opuestas, pero tendrán que converger con el nuevo reglamento europeo ECSP. Te presentamos el panorama general de la evolución de la financiación participativa en España e Italia.
El crowdfunding surgió en Italia a principios del año 2010 con las primeras plataformas de donaciones. En realidad, podemos remontar un poco más atrás, al lanzamiento de Produzioni dal Basso, en 2005, un portal italiano que se centraba en un modo de financiación basado en las donaciones con o sin contrapartida. Italia conoció su primer boom en 2012 con las plataformas do it yourself (iniciativas de financiación participativa lanzadas en una web del organismo patrocinador sin tener que pasar por una plataforma de crowdfunding externa).
Excepto para las plataformas de crowdequity, Italia demuestra una gran flexibilidad reglamentaria, por lo que muchas plataformas han nacido. Entre 2015 y 2019, se crearon 54 plataformas (de un total de 95) con una preponderancia en el sector de las donaciones con o sin contrapartida. Entre ellas, podemos citar EpPela, que se convirtió en la primera plataforma de donación contra donación del país, que recaudó más de 5,5 millones de euros en 2021. Sin embargo, muchas plataformas de crowdfunding de donaciones con o sin contrapartida han cerrado o han sido compradas porque no encontraron un modelo lo suficientemente perenne para durar.
Por parte del crowdlending, la tendencia está en aumento con una decena de actores activos. Este modelo se aprecia especialmente en un contexto de crisis de los créditos. Las empresas a las que les cuesta convencer a las instituciones más tradicionales son las que más hacen uso de este servicio, y ven una oportunidad para obtener un préstamo en un plazo más corto.
Últimamente, el crowdfunding inmobiliario se ha expandido como herramienta de financiación y producto de inversión. Walliance, plataforma dedicada a las inversiones en el mercado inmobiliario a través de la equidad y de la debt crowdfunding, que anotó un crecimiento del 86,5 % en relación con 2019, encontró su lugar en Francia al ser el primer portal italiano autorizado en otro país europeo, matriculado en el registro de ORIAS. No debemos olvidar que el crowdfunding inmobiliario o crowdequity cuenta con una reglamentación muy específica en la legislación italiana.
A principios de 2010, el sector del crowdfunding era muy pequeño, y requirió tiempo para instalarse correctamente en España, a diferencia de nuestros vecinos franceses o alemanes, más ofensivos. Plataformas como Lanzanos, SeedQuick o TheCrowdAngel dominaban el mercado en los años 2013-2014. Al igual que en Italia, el sistema de crowdfunding apareció como una alternativa para que los jóvenes emprendedores encontraran un capital, en un periodo en el que el país acababa de salir de una crisis económica.
De cara a tal entusiasmo –y, según algunas personas, para ahorrarse la financiación bancaria–, el gobierno español promulgó la ley 5/2015 del fomento de la financiación empresarial, destinada a regular la práctica del crowdfunding en España, y a través de la cual se fuerza a las plataformas a registrarse y obtener un acuerdo ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores («CNMV»). Muy controlada, o incluso reductora para sus detractores, esta ley fija a 1 millón de euros la cantidad total que una empresa puede recaudar, y a 3000 euros de inversión para un proyecto por inversor. Desde la entrada en vigor de esta ley, España ha conocido una disminución en el número de plataformas de crowdfunding. Sin ir más lejos, en 2016 se contaban 9 nuevas plataformas autorizadas frente a solo una en 2020.
Las plataformas de crowdfunding inmobiliario, especialmente populares, se han desarrollado en España. Permiten invertir en el sector inmobiliario con un solo activo, y presentan unas tasas de rentabilidad muy superiores a otros productos financieros. Mercado inmobiliario volátil, dificultad para garantizar los gastos generados por la empresa… Aunque presenta algunos riesgos, el crowdfunding inmobiliario es muy apreciado por los particulares, y ha visto un aumento tras «triplicar su volumen al pasar de 17 millones de euros en 2016 a 40 millones en 2019» según Rafael Merry del Val, cofundador y director general de Wecity.
La disparidad en las reglas aplicables a las plataformas de crowdfunding ha hecho que la Unión Europea acabe pidiendo una armonización.
«El 10 de noviembre de 2021, el reglamento (UE) 2020/1503 del 7 de octubre de 2020 relativo a los proveedores europeos de servicios de financiación participativa para los emprendedores (Reglamento ECSP) entró en vigor y se aplicó directamente a todas las plataformas de crowdfunding que ofrecieran sus servicios en forma de préstamo (crowdlending) o de inversión (crowdequity) relacionado con la financiación de proyectos con fines profesionales.
Con el objetivo de poder continuar su actividad a escala europea, el presente reglamento impone en la actualidad que las plataformas arriba mencionadas obtengan el estatus de proveedor de servicios de financiación participativa (PSFP).
Antes de que el reglamento ECSP entrara en vigor, cuando una plataforma domiciliada en Francia quería desarrollar su actividad en el territorio español, aquella debía adaptarse a la reglamentación local en materia de crowdfunding (incluida la necesidad de crear una filial establecida en España y obtener un acuerdo de la CNMV).
Este nuevo estatus es una excelente oportunidad para las plataformas de crowdlending y crowdequity que, en la actualidad, podrán desarrollar su actividad a escala europea.
En este marco, las plataformas existentes en España o Italia se beneficiarán de un periodo de 12 meses (hasta el 10 de noviembre de 2022) para adaptarse a la reglamentación. Las nuevas plataformas, por su parte, deberán atenerse a las obligaciones previstas en materia de acuerdos, transparencia e información para con los inversores.
Por otro lado, el umbral de recaudación se ha equilibrado y se estima en 5 millones de euros por proyecto. Una desventaja para las plataformas italianas, que no tenían límite.
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